Para los entes públicos, la rendición de cuentas, además de constituir una obligación con la ciudadanía, respecto a informar y transparentar la aplicación de los recursos asignados para el logro de objetivos sociales, implica un compromiso del servidor público en el desempeño de sus funciones, y en el cumplimiento de las responsabilidades que le confiere el marco normativo que regula su actuación.